En días pasados, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de “Ley de Amnistía”, cuyo propósito básico es otorgar beneficios penales a aquellos funcionarios que decidan colaborar con el restablecimiento del orden constitucional.

Esta idea no es nueva.  Así, más que una amnistía, pareciera que la fiscal está refiriéndose a lo que se conoce como “justicia transicional”, cuya finalidad es crear condiciones favorables para promover una transición de regímenes autocráticos a regímenes democráticos.  En el pasado, esta idea ha sido promovida por la Asamblea Nacional y por diversas ONG.  En general, el tema de la transición democrática en Venezuela ha venido siendo estudiado, entre otros, por el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, así como por el profesor Miguel Mónaco, en un artículo publicado aquí en Prodavinci.

Tomando como referencia casos comparados de transiciones democráticas, convendría analizar cuál sería el rol de la justicia transicional en Venezuela.

¿Qué es una transición?

Siguiendo la definición de O’Donell y Schmitter, la transición puede definirse como el intervalo entre un régimen político y otro.  Por ello, la transición democrática es el proceso por el cual un régimen autocrático da paso a un régimen democrático.  La transición se considera exitosa si la democracia logra establecerse de manera permanente, al menos, con condiciones mínimas o básicas.

Este concepto aclara varias ideas.  La primera de ellas es que el cambio de autocracia a democracia no siempre es instantáneo; por el contrario, se trata de un cambio gradual en el cual el régimen autocrático es desmontando al mismo tiempo que el régimen democrático es construido.  Por ello, la segunda idea es que es difícil marcar el momento en el cual se inicia el paso de una autocracia a una democracia.  La tercera idea está asociada con la imperfección: la transición implica que el régimen democrático no será instalado de manera pura, sino que, por el contrario, se irá construyendo sobre la base de instituciones autocráticas.

La gradualidad de la transición puede justificarse por dos causas.  La primera está asociada a las condiciones políticas que impiden un cambio súbito de la autocracia a la democracia.  La segunda se refiere al éxito del proceso: cambios súbitos suelen generar regímenes democráticos inestables.  Como señala Popovic, el objetivo final no es sólo promover un cambio político, sino establecer un Gobierno democrático permanente.

¿Por qué se inicia una transición?

Acemoglu y Robinson, junto a otros autores, han concluido que los gobernantes autocráticos sólo deciden ceder el poder cuando calculan que luego del cambio podrán estar en una posición igual o mejor a la que tenían durante la autocracia.

Por ello, las transiciones están asociadas a cambios que afectan el poder que el régimen autocrático ejerce, lo que le lleva a aceptar cambios hacia un régimen democrático en la medida en que ese cambio pueda preservar sus propios derechos, tal y como North y otros han señalado.  De allí surge el concepto de pacto, como el acuerdo que promueve la cooperación entre diversos actores políticos con intereses y posiciones disímiles, para organizar una transición beneficiosa para todas las partes.

Una ecuación matemática

Robert Dahl resumió todas estas ideas al señalar que la democratización comienza cuando se logra aumentar los costos de represión y disminuir los costos de tolerancia.  Vamos a explicar en términos sencillos esa ecuación.

Un gobernante autocrático manda por el uso de la fuerza y de la coacción, y no por la legitimidad de elecciones libres y transparentes.  Pero, por más poder que tenga, el gobernante necesita de personas que cumplan sus órdenes, como por ejemplo, funcionarios policiales y judiciales.  Estos funcionarios –y las instituciones a las cuales pertenecen- son llamados “pilares de soporte”, pues ellos soportan al régimen autocrático.  La base de tales pilares es, por ello, el deber de obediencia.

Por lo tanto, para iniciar la transición, lo primero que hay que hacer es minar esos pilares, para lo cual es preciso aumentar el costo de represión, o sea, el costo de los funcionarios del régimen autocrático de seguir apoyando medidas que consoliden el autoritarismo.  Esto se logra, por ejemplo, con amenazas de sanciones, en especial, en el ámbito internacional.

Pero no basta con aumentar el costo de represión.  Además, es necesario disminuir el costo de tolerancia.  ¿Y eso qué significa? En términos sencillos, ello implica que es necesario promover que los funcionarios del régimen dictatorial sean aceptados e incluidos en el nuevo gobierno democrático.  Ningún funcionario de la dictadura va a colaborar con el restablecimiento de la democracia si a cambio obtendrá la cárcel.  Por el contrario, ese funcionario tendrá incentivos de colaborar si obtiene ciertos beneficios que garanticen sus derechos luego de la transición.

La justicia transicional

Ahora estamos en posición de explicar qué es la justicia transicional.

Retomemos lo antes señalado.  Imaginemos una dictadura en la cual la sociedad civil ha logrado incrementar los costos de represión, pero, a la par, han aumentado los riesgos de penas y sanciones, o sea, han incrementado los costos de tolerancia.  En ese escenario es difícil que se inicie un proceso de democratización, pues los funcionarios del régimen autocrático tenderán a no apoyar un cambio que podrá conducirlos directamente a la cárcel.

Precisamente, para evitar ello, existe la justicia transicional.  Se trata de un mecanismo de justicia orientado a investigar crímenes cometidos por funcionarios de regímenes dictatoriales, a los fines de restaurar la dignidad de las víctimas y otorgar mecanismos de reparación efectivos, pero bajo beneficios penales a los funcionarios que decidan contribuir con el restablecimiento de la democracia.  Esos funcionarios no serán objeto de penas privativas de libertad, o en su caso, serán objeto de sanciones atenuadas, precisamente, por su contribución a la transición democrática.

La justicia transicional es el término medio entre la amnistía y la justicia penal.  Así, de la justicia penal toma la posibilidad de investigar crímenes cometidos para reparar a las víctimas y de la amnistía toma los beneficios penales.  Sin embargo, mientras que la amnistía implica el olvido del delito cometido, la justicia transicional implica determinar la verdad de las violaciones cometidas por los funcionarios de la dictadura.

¿Por qué la justicia transicional implica beneficios penales? Ello se justifica para disminuir los costos de tolerancia.  Así, un funcionario estará más dispuesto a colaborar con la transición si sabe que el nuevo régimen democrático no lo pondrá en la cárcel.  Por ello, en la justicia transicional, la imposición de penas se sacrifica por un objetivo superior: asegurar la transición democracia estable y, con ello, la reconciliación.

¿Implica la justicia transicional impunidad? No.  La impunidad supone que determinado crimen no será investigado.  En la justicia transicional, los crímenes son investigados, las víctimas son reparadas y, eventualmente, los culpables tendrán alguna consecuencia, que no será, sin embargo, las penas privativas convencionales.

Pero no todos los crímenes pueden ser objeto de estas medidas.  Graves crímenes de lesa humanidad –como los tipificados en el Estatuto de Roma– deberían tener un tratamiento distinto.

Con lo cual, en resumen, una Ley de Justicia Transicional podría ser parte de una estrategia mayor, a saber, para diseñar y promover un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela.  De allí la pertinencia de discutir este tema.

José Ignacio Hernández – 6-7-2018

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ
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