El Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) procediendo dentro del marco institucional de sus objetivos existenciales principios y valores que orienta su actuación desde el año de 1969 su afán de divulgar aspectos vinculados a las manifestaciones de la políticas fiscal especialmente desde las perspectivas de la políticas tributaria y de administración tributaria manifiesta al país y a los órganos del Poder Público Nacional a los cuales les corresponden la definición ejecución y control de las referidas políticas su profunda preocupación por las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional e instrumentadas mediante decretos ejecutivos dictados en el marco de la declaratoria de emergencia económica y de los denominados Decretos Constituyentes por la Asamblea Nacional Constituyente.

Como punto de partida ratificamos nuestra posición conforme a la cual toda expresión de la política tributaria debe ser el producto de una visión general de las finanzas públicas y de la actuación de la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público normativo en materia tributaria el cual es el único constitucionalmente competente y legítimo para limitar el ejercicio del derecho de propiedad y libertad económica conforme a los artículos 112 115 133 y 317 de nuestra Ley Fundamental.

Por tanto resulta contrario al Estado de Derecho sus principios valores y corolarios el sobredimensionamiento del alcance contenido y naturaleza del estado de emergencia económica que ha venido operando en el país en un plazo que excede al estrictamente previsto constitucionalmente para supuestos específicos para este tipo de estado de excepción así como la desnaturalización de la esencia y funciones de la Asamblea Nacional Constituyente ya de suyo cuestionada su convocatoria y elección.

La reforma del sistema tributario debe ser el resultado de un proceso constitutivo incardinado dentro la consulta obligatoria a los sectores destinatarios e incididos no sólo para garantizar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y demás deberes formales que derivan de la normativa que los establece sino por dar ámbito institucional y práctico al derecho fundamental a la participación ciudadana esencia del Estado democrático y de derecho la cual a su vez constituye un límite explícito y directo al ejercicio del poder tributario.  La revisión de la normativa y estructura del sistema tributario debe corresponderse y sujetarse a:

  1. Los principios que lo informan como ordenadores y limitaciones al ejercicio de la discrecionalidad intra constitucional del legislador para definir las manifestaciones de renta como materia imponible entre otros el principio de legalidad la progresividad del sistema impositivo mediante especies que consulten la capacidad económica de los sujetos pasivos la racionalidad de los elementos que integran los impuestos tasas y contribuciones especiales diseñadas para el financiamiento del gasto público y excepcionalmente como expresión de ordenación de las políticas públicas la configuración de exacciones confiscatorias propugnando la seguridad jurídica en términos de la certeza en cuanto al cumplimiento de las prestaciones dinerarias objeto de la obligación tributaria y del cumplimiento de los deberes formales.
  2. Una visión integral de la finanzas públicas tanto la vertiente del ingreso como del gasto en función a garantizar la estabilidad económica la reducción del déficit fiscal sin sacrificar el derecho de la población a su bienestar al acceso universal de bienes y servicios así como el derecho a una tributación racional que no afecte los elementos configuradores funcionales del derecho de propiedad como forma de concreción de la libertad económica y negociar (autonomía y libertad de contratación).
  3. La naturaleza propia de cada tributo específicamente de los impuestos cuya fuente es la renta al momento de su percepción de su inversión y de su consumo lo cual es una limitación implícita al momento de proceder a la creación de nuevas formas de imposición o a la reforma de los existentes.
  4. Los objetivos finales de toda reforma tributaria es decir garantizar los recursos suficientes para el financiamiento del gasto público y evitar las distorsiones de las macro magnitudes derivadas del déficit fiscal ahorro consumo e inflación.
  5. Los objetivos instrumentales basados en los corolarios de simplicidad transparencia y seguridad jurídica estabilidad económica eficacia recaudatoria y eficiencia de gestión.

En este contexto los mandatos de contenido e incidencia tributaria anunciados por el ciudadano Presidente de la República y desarrollados por los Decretos de Emergencia Económica y Constituyente lejos de caracterizarse como medidas articuladas en el marco constitucional e institucional indicado distan mucho de ser una reforma tributaria y se alejan de las premisas esenciales de eficacia y legitimidad señalados.

En efecto se trata de un conjunto de anuncios asistemático sin visión integral de las finanzas públicas que conducirán indefectiblemente a una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas mayores costos de cumplimiento la aceleración en la formación de los precios y por consiguiente del proceso de hiperinflación un incremento del déficit fiscal consolidado y a una mayor agresividad del sistema tributario.

Lo expresado queda evidenciado en lo siguiente:

  1. El incremento en una primera etapa al uno por ciento (1%) y la autorización al Ejecutivo Nacional para la variación y creación de alícuotas diferenciales del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) una exacción que distorsiona la economía de comprobada incidencia en la aceleración de los precios finales de bienes y servicios y marcada agresividad.
  2. Un incremento de la alícuota general del impuesto al valor agregado en cuatro puntos porcentuales que se aplicará a todas las importaciones ventas y operaciones asignadas a esta a las prestaciones de servicio que no se encuentren dispensadas de la obligación de trasladar y soportar el impuesto causado en lugar de los bienes y servicios de consumo suntuario como había sido anunciado. Todas estas medidas erráticas impactarán a los sectores de menos recursos respecto de los cuales sería necesario racionalizar los supuestos de exención o aquellos susceptible de ser objeto de dispensa por parte del Ejecutivo Nacional mediante decreto siendo necesario mejorar el proceso de devolución del IVA soportado por los exportadores de la devolución de los impuestos soportados al momento de la adquisición de bienes y servicios que representan los consumos intermedios para el proceso productivo a través de los mecanismos de retención ya de por sí irracionales al establecerse un 75% de detracción anticipada del IVA causado en las operaciones realizadas con o entre contribuyentes calificados como especiales.
  3. El cambio irracional de los plazos para la determinación de la cuota impositiva a pagar por partes de los contribuyentes del IVA pasando de una determinación mensual efectuada dentro de los primeros quince (15) días del periodo impositivo mensual siguiente para los contribuyentes ordinarios no especiales y para estos de acuerdo al calendario fijado por la Administración Tributaria. Cambio que atenta contra la seguridad jurídica y dictado fuera de contexto de la realidad económica signada por un acusado proceso de inflación baja productividad subsecuente escasez producto de los controles y restricciones de índole diversa que son instrumentos de ejecución de la planificación centralizada.
  4. La definición de nuevos mecanismos de anticipación de los impuestos sobre la renta y del impuesto al valor agregado con alteración de los existentes amén de una preocupante posibilidad de crear otros eventualmente diarios que se traduzcan en la práctica en impuesto al flujo de caja operativo y de inversión de las empresas que supone mayores costes de cumplimiento y complejidad tal como se evidencia del “Decreto Constituyente que establece el régimen temporal de pago de anticipo del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta para los sujetos pasivos calificados como especiales.

En definitiva las modificaciones introducidas en la normativa atinente a la definición de las alícuotas impositivas el cambio de la periodicidad de los impuestos los plazos para la determinación y pago de la cuota impositiva y la creación de nuevas formas de anticipos y detracción anticipada parten de la antijurídica premisa de que sólo la República sufre el impacto erosivo de la inflación en la capacidad de compra y gasto público corriente.

Efectivamente las últimas modificaciones a la ley de impuesto sobre la renta mediante las cuales se excluyó del sistema de ajuste por inflación a las empresas del sector financiero y a los contribuyentes especiales han cercenado el derecho de corregir de manera directa los efectos distorsionantes y erosivos de la inflación de las empresas del sector financiero y de los contribuyentes especiales contrariando así la esencia fundamental de dicho sistema que fue incluido en la Ley de 1991 para contrarrestar índices de inflación en nada comparables con los actuales.

Se suma a todo lo expuesto La expansión de la base de imposición la subvaloración de la unidad tributaria y su efecto en las tarifas del impuesto sobre la renta y en los parámetros para la selección y notificación de los agentes económicos calificados como contribuyentes especiales por parte de la administración tributaria nacional lo cual induce al número de contribuyentes sin verdadera capacidad económica para ser calificado como tal imponiendo cargas y costos que atentan contra la eficiencia del tributo con la racionalidad del sistema impositivo y el logro de los objetivos indicados como causa de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional.

En este orden de ideas Asociación Venezolana de Derecho Tributario exhorta a los órganos del Poder Público Nacional a:

  1. La apertura de espacios para el debate y la discusión necesaria para la corrección inmediata de las medidas económicas anunciadas a fin de garantizar la debida consulta a la capacidad económica de los contribuyentes mediante una estructura racional con tendencia progresiva del sistema y de los tributos que lo conformen la protección y desarrollo de la economía nacional la elevación del nivel de vida la población conforme a lo previsto en los artículos 133 299 316 y 317 de la Constitución.
  2. La observancia de los principios que informan el sistema tributario diseñado por el constituyente de 1999 procurando un régimen normativo transparente y respetuoso de los derechos fundamentales.

La intención de la AVDT es propugnar un sistema tributario ajustado a la Constitución y el consecuente diseño y ejecución de políticas fiscales y de administración tributaria cónsonas con ello.

En Caracas a los veintiocho días del mes de agosto 2018
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO – 2-9-2018
Leonardo Palacios M., Presidente
Juan Carlos Castillo C., Vicepresidente
Manuel Iturbe A., Secretario General
Ingrid García, Tesorera Vocal
Salvador Sánchez, Vicepresidente (s)
G Serviliano Abache Carvajal, Secretario General (S)
Juan Esteban Korody T., Tesorero (S)
Gilberto Atencio V.

Enviado por: Secundino Camacaro <secundinocamacaro@yahoo.es>

Fuente:
Fwd: [Confederacion Profesionales Vzla] COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO
GenteYahoo

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